Tras el triunfo contundente opositor en el Parlamento y la muerte de Hugo Chávez la dictadura socialista venezolana ha iniciado su colapso. Se incrementa el autoritarismo y se profundiza la crisis económica
El 29 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo emitió dos sentencias: la 155 y 156. En ellas: autorizan al Estado a contratar con empresas extranjeras sin control de la AN, desconocieron rango constitucional de la Carta Democrática, eliminaron la inmunidad parlamentaria y delegaron en el presidente y la propia sala las las funciones legislativas. Todo contraviniendo claramente la Constitución.
Más de 30 países del mundo rechazaron el distanciamiento de la Constitución y 8 de ellos llamaron a sus embajadores. La Fiscal General, quien desde hace tiempo se tornó silente y decidió no continuar apresando opositores, por lo cual el gobierno decidió acudir a la Fiscalía Militar, ha declarado abiertamente que esto se trata de la ruptura del orden constitucional. Posteriormente el presidente exhortó a revisar las sentencias, orden que fue obedecida inmediatamente por unos magistrados que usurpan funciones al ser electos inconstitucionalmente. Así suprimieron dos párrafos de las sentencias. Esta reforma de oficio prueba claramente la inexistencia de separación de poderes públicos y confiesa así del golpe de Estado cometido.
No sólo se ha roto el orden constitucional por esto, se trata de un régimen político que al perder el parlamento lo ha bloqueado con más de 50 sentencias, y al perder apoyo electoral, que hoy solo ronda el 20%, tomó la decisión de evitar los procesos electorales: frenó el Referendo Revocatorio solicitado en 2016, no convocó a Elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre de ese mismo año y busca retrasar las municipales que deben realizarse en diciembre 2017.
En Diciembre de 2018 deben realizarse elecciones para elegir un nuevo gobierno. ¿Pero será inevitable ésta elección o posible un adelanto de las mismas ante la presión del mundo entero?. Es la gran encrucijada política a la que se enfrenta el gobierno de Maduro frente a la presión internacional, el descontento del 80% de los venezolanos y la disidencia interna.
Mientras tanto la economía colapsa: 25 de 30 millones de venezolanos no obtienen el dinero suficiente para vivir, 16 millones se encuentran en la pobreza extrema, 10 millones logran comer menos de tres veces al día, 3 millones están comiendo de la basura y 1,2 millones están sufriendo de desnutrición, todo ello según el Estudio de las Universidades venezolanas ENCOVI 2016.
Venezuela necesita dinero para superar la crisis y el gobierno lo busca pero para mantener el clientelismo de su poca militancia. Su obtención sin aprobación del Parlamento sería ilegal e impagable a futuro, fue esta la razón de ser inicial de las sentencias. Así la crisis política y económica han llegado a una encrucijada en la que se debate nuestro futuro.
