¿QUE PASÓ EN VENEZUELA?

Ante la peor crisis de su historia y el descontento de los venezolanos, en marzo de 2016 se impulsó la figura del Referendo Revocatorio establecida en la Constitución como salida a la crisis. El Consejo Electoral retrasó en más de tres meses un trámite que debió durar cinco meses, según el Reglamento 405 del organismo electoral.

Este reglamento estableció requisitos inconstitucionales, como la recolección de firmas del 1% de los inscritos para votar y la validación posterior de estas firmas como un paso previo para realizar la única solicitud de firmas establecidas en la Constitución: la del 20% de los electores registrados. Así se recolectaron 1.950.000 firmas, de las cuales solo fueron aprobadas para su posterior verificación: 1.350.000 firmas, de éstas últimas debían ser verificadas 400.000, siendo esto logrado y aprobado por el consejo electoral.

Pero de las 600.000 firmas excluidas para su posterior verificación: 11.000 (0,006%) se trataban por problemas de transcripción de cédulas de identidad de fallecidos y en base a esto el Partido Socialista Unido de Venezuela ha demandado la nulidad de todo el proceso del Referendo Revocatorio y solicitado medidas contra dirigentes que impulsaron el proceso de firmas a través de tribunales penales regionales, es decir: sobre firmas ya excluidas por el Consejo Electoral, sobre presuntos delitos penales personales, y ante tribunales incompetentes se ha lesionado el derecho constitucional a revocar gobernantes y a ejercer la soberanía a través del voto.


Esta situación ocurre días luego de que días antes el Gobierno de Maduro violara gravemente la Constitución al no presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional sino ante el Tribunal Supremo de Justicia por medio de una Sentencia de la Sala Constitucional. Esta sentencia es la número 305 que se emite contra la Asamblea Nacional impidiendo el ejercicio de las facultades constitucionales.

Estos dos graves hechos han llevado a la Asamblea Nacional a aprobar un Acuerdo de Ruptura del Orden Constitucional con los siguientes puntos:

1. Declaración de la Ruptura del Hilo Constitucional y Golpe de Estado del Régimen de Nicolás Maduro.
2. Solicitud a la Comunidad Internacional de la activación de los mecanismos para garantizar los derechos de los venezolanos.
3. Denuncia ante la Corte Penal Internacional de las Jueces y Rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso del Referendo Revocatorio.
4. Designación del Tribunal Supremo de Justicia.
5. Designación del Consejo Nacional Electoral.
6. Sesión Especial para evaluar de la responsabilidad frente al rompimiento del hilo constitucional del Presidente Nicolás Maduro el día martes 25 de Octubre.


Mientras esto sucede se cumple el cuarto día de viaje del Presidente Maduro, de durar más de 5 días debió haber solicitado autorización de la Asamblea Nacional, según el artículo 235 constitucional. El día miércoles, día que estaba previsto iniciara la recolección de firmas del 20% la Mesa de Unidad Democrática ha convocado a tomar Venezuela. Así se abre una nueva etapa en la lucha por la democracia y el progreso en Venezuela.